El descenso de Ecuador al caos

¿Puede un nuevo presidente devolverle la seguridad al Ecuador?

El asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue tiroteado cuando salía de un mitin de campaña en el norte de Quito, fue una clara demostración de cuánto se ha incrementado la criminalidad en Ecuador. Específicamente, entre 2020 y 2022, la tasa de crímenes del país aumentó un 245%. Adicionalmente, a lo largo de este año, ha habido varios asesinatos políticos más, incluidos dos candidatos para las elecciones locales de febrero, así como el alcalde de Manta y un concejal en Durán, ambos en la costa del Pacífico. Estos ataques se han extendido desde las ciudades costeras, donde se concentra el tráfico de drogas, hasta la capital, con un atentado con coche bomba que sacudió el corazón de Quito a finales de agosto.

En temas de teoría de seguridad internacional, lo más inquietante es que Ecuador parece estar desmintiendo una de las suposiciones estándar de los expertos en seguridad y tráfico de drogas, esta es la suposición de que los jefes del crimen en América Latina evitan los ataques frontales al Estado. De hecho, desde la década en la que la policía mató a tiros a Escobar en una azotea de Medellín en 1993, las organizaciones criminales de la región generalmente se han abstenido de atacar a las autoridades de alto nivel debido al peligro de desencadenar una represión más amplia. En su lugar, han preferido aterrorizar a la policía local, jueces y funcionarios y afirmar su autoridad sobre comunidades específicas. Sin embargo, quizás debido a la débil institucionalidad del estado ecuatoriano, las organizaciones criminales han omitido esta restricción en el Ecuador.

La epidemia de violencia en Ecuador se ha extendido con una rapidez alarmante. Desde el 2020, el número de muertes violentas casi se ha duplicado. Los asesinatos de este año están en camino de superar la cifra récord del año pasado de 4,824. Esto es sorprendente en un país como Ecuador, que no tiene movimientos guerrilleros propios importantes, ni una historia de producción de drogas. El cual, a mediados de la década de 2010, era un oasis relativo de paz en la región, con solo cinco homicidios por cada 100,000 habitantes y ahora está en camino de convertirse en el país más violento de América Latina. De hecho, no ha habido un ambiente tan temeroso en una campaña política nacional desde la elección de Colombia en 1990, cuando el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, tenía influencia y cuatro candidatos presidenciales acabaron muertos.

Más de la mitad de los asesinatos en Ecuador tienen lugar en las provincias costeras de Guayas, Esmeraldas, El Oro y Manabí. No es ningún secreto lo que atrae a los grupos criminales a esta área: los puertos del océano Pacífico del país, especialmente el de Guayaquil, los cuales se han convertido en una ruta principal para exportar cocaína latinoamericana a Europa y Estados Unidos. Para los grupos de tráfico de drogas, enviar contrabando en contenedores de carga es eficiente, requiere pocos intermediarios y a menudo evita la detección. En 2022, se incautaron 110 toneladas de cocaína, con un valor estimado de al menos $5.3 mil millones.

Otra de las razones para el incremento de la criminalidad, es que la seguridad portuaria en Ecuador es deficiente. En Guayaquil, la instalación completa de escáneres electrónicos, utilizados en muchos puertos internacionales para detectar contrabando y drogas, ha sido retrasada por diversas demoras pobremente explicadas, dejando a un equipo de perros policía hacer su mejor esfuerzo para detectar sustancias ilícitas. Las fuerzas criminales tampoco han mostrado piedad al obligar a los trabajadores portuarios a trabajar para ellos. En junio, un empleado del puerto le dijo a su familia que un grupo de tráfico de drogas lo estaba presionando para introducir drogas en las áreas de carga; una semana después, él y otros cuatro trabajadores fueron masacrados por hombres armados. En esencia, el control de los puertos se ha convertido en una parte fundamental del modelo de negocios de los narcotraficantes, así como, el paso fluido de los envíos de cocaína desde Colombia y Perú.

La proliferación de pandillas y armas en la ciudad de Guayaquil

Sin embargo, el rápido ascenso de Ecuador en el comercio de drogas transnacional no se debe solamente a su fácil acceso al Pacífico y a su débil seguridad aeroportuaria. Al igual que en varias de las nuevas líneas de frente de la violencia en América Latina, el país se ha visto atrapado entre las fuerzas del mercado internacional y el creciente desempleo y la decadencia económica. Entre estas fuerzas se encuentra un estado ecuatoriano que a menudo ha sido negligente, indiferente y corrupto.

Las fronteras de Ecuador siguen siendo débilmente controladas, así como su economía dolarizada se ha convertido en un lugar atractivo para que los grupos criminales que se dedican al blanqueo de dinero sucio. Existen investigaciones donde se establece que todos los negocios locales y políticos son sostenidos por dinero de las drogas. Lo cual se conoce como “permisividad lucrativa” entre criminales y élites, el cual es el nuevo método de hacer negocios en la ciudad de Guayaquil. En este contexto, en una investigación publicada en marzo de 2023, se encontró que los tribunales ecuatorianos estaban emitiendo un promedio de solo tres sentencias al año por delitos de lavado de dinero.

Adicionalmente, en agosto del 2023, el presidente colombiano Gustavo Petro indico que existe una franja de diez kilómetros en la frontera entre Colombia y Ecuador, la cual se ha convertido en el sitio de producción de cocaína más grande del mundo. Gran parte de ella está destinada a ser transportada por los puertos ecuatorianos con destino a Europa y Estados Unidos. En este contexto, según expertos en seguridad internacional, numerosos narcotraficantes se han beneficiado de la transformación de Ecuador en un centro de narcóticos. Grupos albaneses, colombianos y mexicanos han formado alianzas con pandillas locales para almacenar y movilizar envíos de drogas, trasladando sus propias luchas sangrientas a Ecuador, donde las pandillas más poderosas al momento están en conflicto.

Según la policía del Ecuador, un gran porcentaje de los asesinatos son causados por enfrentamientos que involucran a alrededor de ocho grupos de bandas criminales locales que operan en el país. Pero el deslizamiento hacia la narcoviolencia también ha sido exacerbado por la crisis social y económica. Otro síntoma del declive del país se encuentra en sus violentas cárceles. Desde 2021, más de 450 reclusos han sido asesinados. En agosto, el gobierno anunció que la policía y las fuerzas armadas habían confiscado 96 armas de fuego, más de 26,000 rondas de municiones y ocho granadas del Complejo Penitenciario de Guayas, el más peligroso de Ecuador. La toma de rehenes de guardias de prisiones y policías también se ha vuelto alarmantemente frecuente.

Mientras tanto, la estrategia de seguridad del gobierno ecuatoriano ha sido altamente ineficaz. El presidente Lenin Moreno redujo drásticamente el gasto estatal en seguridad como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A su vez, Guillermo Lasso, ha declarado diez estados de emergencia, ha legalizado el uso de armas en defensa propia y ha cambiado a seis directores de prisiones y cuatro ministros de Interior. Pero ha hecho poco para frenar la corrupción en las cárceles, la policía y el servicio de aduanas. Por lo tanto, el creciente descontento público con las condiciones económicas y las políticas gubernamentales llevó al país a protestas masivas en 2019 y 2022, así como a esfuerzos para destituir a Lasso. En resumen, no solo el gobierno ha fallado en articular una política efectiva para combatir el crimen, sino que muchos funcionarios también parecen estar poco comprometidos con la causa.

En este contexto, los candidatos González y Noboa han adoptado un enfoque híbrido de seguridad en la campaña para la elección presidencial de segunda vuelta, quienes han propuesto fortalecer la policía, restablecer el control sobre las prisiones, fortalecer la prevención basada en la comunidad y abordar las causas socioeconómicas de la violencia, aunque Noboa también ha dicho que desplegaría al ejército para proteger los puertos, carreteras y fronteras. Sin embargo, ninguno de los candidatos ha mencionado políticas de línea dura similares a las implementadas en El Salvador por el presidente Bukele, en la cual resaltan su firme control sobre la policía y los tribunales de justicia, así como, la capacidad de anular la oposición política.

Por otro lado, tomar medidas drásticas contra los grupos delictivos financiados por el comercio internacional de drogas conlleva el riesgo de aumentar la reacción violenta de los grupos criminales, así como incrementar sus esfuerzos para extorsionar a funcionarios políticos y de seguridad. Un claro ejemplo de lo que podría suceder en Ecuador si se toman políticas de línea dura, se encuentra en México después de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una guerra total contra las drogas, muchos líderes criminales fueron arrestados o asesinados, sin embargo, la violencia se incrementó. Un uso más específico de la fuerza puede servir a un propósito. Tanto en Colombia como en México, poderosas organizaciones criminales han sido desmanteladas. Pero sin esfuerzos paralelos y sostenidos para abordar la pobreza y la corrupción endémicas, las medidas de mano duran son de corta duración y pueden llegar a ser contraproducentes.

Una pieza en un gran rompecabezas

Cuatro décadas de guerras contra las drogas en América Latina muestran que no hay una solución única ni eficiente y que el éxito a largo plazo es difícil de conseguir. En este contexto, los enfoques más efectivos para rastrear y detener a los delincuentes se basan en reformas más profundas y mejor financiadas para limpiar, profesionalizar y modernizar las instituciones referentes a la policía, fiscales, jueces y tribunales. Un escenario donde la cooperación internacional, se convierte en una estrategia fundamental en temas de asistencia jurídica, extradición de personas que han cometido delitos, adopción de procedimientos penales y búsqueda internacional.

Por lo tanto, el acierto en la nueva estrategia de seguridad dependerá de que los líderes y sus administraciones cuenten con recursos suficientes, así como con un amplio respaldo político. Los donantes extranjeros, como Estados Unidos y la Unión Europea, deberían comenzar ofreciendo al próximo gobierno ecuatoriano un mayor apoyo en materia de seguridad. Esto podría incluir ayudar a desarrollar capacidades de inteligencia, reforzar la seguridad en los puertos y proteger y empoderar a los fiscales para abordar el tráfico de drogas y la corrupción estatal. En última instancia, la crisis de Ecuador es el resultado del desplazamiento de rutas internacionales de drogas hacia ciudades y regiones que no pueden resistirse a los incentivos económicos del crimen organizado por sus problemas sociales y económicos estructurales.

Finalmente, la lucha del país contra el crimen organizado no es solamente responsabilidad del Ecuador. De hecho, el combate al crimen organizado se ha convertido en una responsabilidad mundial que se ve incrementada por la creciente demanda de droga que alienta a poderosas organizaciones criminales a aprovecharse de las poblaciones más vulnerables y con instituciones débiles y corruptas. Para poner fin a este ciclo de violencia, quien salga elegido presidente/a tiene pendiente reformar profundamente y de manera urgente las instituciones de seguridad de Ecuador. En última instancia, el dilema actual del país es un reflejo del fracaso de los métodos actuales utilizados por los países latinoamericanos para abordar el problema del narcotráfico.