En las últimas dos décadas, la presencia de China en América Latina se ha expandido de manera notable. Lo que comenzó como un incremento en el comercio de materias primas se ha transformado en una red compleja de inversiones, financiamiento e influencia política. El comercio entre ambas partes pasó de niveles relativamente bajos a inicios del siglo XXI a cientos de miles de millones de dólares anuales, y en varios países sudamericanos China se ha convertido en el principal socio comercial. Esta relación no se limita al intercambio de bienes: incluye proyectos de infraestructura, energía, minería, telecomunicaciones y transporte que están redefiniendo el mapa económico de la región.
Uno de los ejemplos más visibles de esta expansión es la construcción de grandes puertos y proyectos logísticos destinados a facilitar el comercio entre Sudamérica y Asia. Estos proyectos reflejan una estrategia más amplia de inversión en infraestructura que responde a necesidades reales de financiamiento en América Latina. Durante años, la región ha enfrentado un déficit significativo de inversión en carreteras, puertos, energía y conectividad. En ese contexto, el capital chino ha llenado un vacío que ni Estados Unidos ni Europa han cubierto plenamente. Para muchos gobiernos latinoamericanos, la llegada de estos recursos ha sido una oportunidad para impulsar crecimiento económico y modernizar sectores clave.
El aumento de la presencia china también se ha visto acompañado de una mayor actividad diplomática y cultural. Funcionarios, académicos y periodistas latinoamericanos participan con frecuencia en intercambios, visitas oficiales y programas de cooperación financiados por instituciones chinas. Durante la pandemia de COVID-19, el envío rápido de vacunas y suministros médicos fortaleció la percepción de China como un socio confiable en momentos de crisis. Este tipo de cooperación ha contribuido a consolidar relaciones políticas más estrechas.
Al mismo tiempo, el rol de Estados Unidos y Europa en la región ha sido percibido por algunos gobiernos como menos dinámico. Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal inversor extranjero en América Latina y mantiene vínculos comerciales fuertes con México, Centroamérica y el Caribe, su interés en nuevos acuerdos comerciales con Sudamérica ha sido limitado. La Unión Europea, por su parte, ha enfrentado dificultades internas para concretar tratados comerciales clave. Esta combinación de factores ha abierto espacio para que China amplíe su influencia.
Frente a la rivalidad entre las grandes potencias, muchos países latinoamericanos buscan mantener una posición de equilibrio. En lugar de alinearse completamente con uno u otro actor, intentan diversificar sus socios y aprovechar oportunidades de inversión y comercio de múltiples fuentes. Esta estrategia, a veces descrita como “no alineamiento activo”, busca maximizar beneficios económicos sin comprometer la autonomía política. Sin embargo, la aplicación de este enfoque no siempre ha estado acompañada de una evaluación estratégica de largo plazo.
Uno de los principales desafíos es la creciente presencia de empresas estatales chinas en sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones o la infraestructura portuaria. La adquisición de activos clave puede generar dependencia tecnológica y financiera si no existen mecanismos adecuados de regulación y supervisión. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos o Europa, en muchos países latinoamericanos no existen sistemas robustos de evaluación de inversiones extranjeras desde una perspectiva geopolítica. Tampoco hay suficiente capacidad institucional para analizar las implicaciones de estas decisiones en términos de seguridad económica o autonomía estratégica.
La relación con China también tiene implicaciones en el modelo de desarrollo de la región. Gran parte del comercio bilateral sigue basado en la exportación de materias primas y la importación de bienes manufacturados. Si bien esto ha generado ingresos fiscales y crecimiento en sectores extractivos, también puede reforzar la dependencia de commodities y limitar la diversificación productiva. La falta de transferencia tecnológica y el escaso desarrollo de cadenas de valor locales son preocupaciones recurrentes.
En los últimos años, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han anunciado nuevas iniciativas para aumentar su presencia económica en América Latina. Estas propuestas incluyen financiamiento para infraestructura, energía limpia y digitalización, así como incentivos para relocalizar cadenas de producción en el hemisferio occidental. Sin embargo, muchos gobiernos latinoamericanos perciben que estos programas aún carecen de recursos suficientes o de una implementación clara. En la práctica, China sigue siendo uno de los actores más activos en términos de financiamiento de proyectos concretos.
El desafío para América Latina consiste en gestionar esta relación de manera estratégica. La inversión extranjera puede ser una herramienta poderosa para impulsar el crecimiento, pero requiere marcos regulatorios sólidos, transparencia y una visión de desarrollo a largo plazo. La competencia entre potencias podría convertirse en una oportunidad si los países de la región fortalecen su capacidad de negociación y diseñan políticas industriales que promuevan innovación, diversificación productiva y creación de empleo de calidad.
Desde mi perspectiva, la creciente presencia de China en América Latina no es en sí misma negativa ni positiva; su impacto dependerá de la capacidad institucional de los países para gestionar la relación. La región necesita inversión en infraestructura, tecnología y energía, y China ha demostrado disposición para financiar proyectos que otros actores han evitado. Sin embargo, el riesgo principal es que estas inversiones se inserten en economías con baja diversificación y marcos regulatorios débiles, reproduciendo patrones históricos de dependencia.
El debate no debería centrarse en elegir entre Estados Unidos y China, sino en cómo construir estrategias de desarrollo más autónomas. América Latina necesita fortalecer su capacidad de análisis, negociación y planificación de largo plazo. Sin políticas industriales claras, inversión en educación y fortalecimiento institucional, la competencia geopolítica entre potencias podría traducirse en nuevas formas de dependencia en lugar de oportunidades de desarrollo. La prioridad debería ser aprovechar el interés de múltiples socios para impulsar transformación productiva y no limitarse a un rol de proveedor de materias primas.